El Gobierno comenzó a adaptar el presupuesto vigente, es decir el prorrogado del año pasado tras el fracaso en el Congreso para aprobar el proyecto para 2022, a los lineamientos del acuerdo con el FMI. Se trata del primer objetivo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario. El último viernes, en ese sentido, el Poder Ejecutivo incrementó las partidas para el ejercicio actual por más de $7.200 millones.
De acuerdo con la hoja de ruta prevista con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo. En lo que va del año, el Gobierno hizo por la vía administrativa dos modificaciones parlamentarias, según recopilaron informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Argentina de Presupueso (ASAP).
La más importante fue la de este último viernes. Según publicó el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, la reasignación de partidas totalizó $7.233 millones, con un recálculo de recursos por $3.788 millones. De esa manera, la modificación implicó un aumento del déficit en $3.445 millones, según la OPC.
De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, la readecuación del presupuesto prorrogado del año pasado al acuerdo con el Fondo podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo
Algunos aspectos del gasto público tuvieron incrementos de partidas, otras disminuciones y otros, de un tercer grupo, registraron “compensaciones”. Entre los incrementos de fondos están el Ministerio de Economía por $8.884 millones para financiar la implementación del Censo Nacional de Población que se realizará este año. También habrá otros $3.000 millones para el Ministerio de Trabajo, específicamente para el presupuesto que Anses utiliza para la Asignación Universal por Hijo. Por último, la Jefatura de Gabinete contará con $1.161 millones más para el Instituto Nacional de las Juventudes.
Entre las disminuciones también aparece el Ministerio de Trabajo, específicamente para la partida correspondiente al programa Repro, por el cual el Gobierno paga parte del salario de trabajadores del sector privado de rubros productivos considerados críticos en el contexto de pandemia. Ese recorte es de $6.674 millones.
Entre las compensaciones, para Anses, junto con la de Salud, habrá $4.264 millones para el Plan 1.000 Días que apunta a asistencia en la nutrición para niños hasta los 3 años. Otros $2.800 millones para el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penintenciario Federal, y por último, $2.000 millones para el programa Gestión del Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agricultura.
Según la definición que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por varios motivos entre los cuales pueden mencionarse las sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de categorías programáticas y cambios no previstos en la proyección de los ingresos”.
En este caso, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.
Habrá, explicaron fuentes oficiales a Infobae, dos modalidades por las cuales el Gobierno pueda cristalizar esa adaptación del presupuesto vigente del 2021 al nuevo programa con el FMI. “Las adecuaciones pueden hacerse o por decisión administrativa o resolución; en ese caso no se comunican al Congreso. Cuando se hacen por decreto de necesidad y urgencia, sí se comunica al Congreso”, detallaron desde un despacho oficial.
Según publicó el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, la reasignación de partidas del último viernes totalizó $7.233 millones, con un recálculo de recursos por $3.788 millones. De esa manera, la modificación implicó un aumento del déficit en $3.445 millones, según la OPC
En este caso, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.
La semana pesada vencieron las primeras metas indicativas con el FMI, que serán analizadas con el staff en la primera visita que tendrá el organismo a mediados de mayo. Para fines de marzo, según la letra chica del acuerdo, la cifra que actuará como referencia de techo para el caso del déficit primario fue de $222.300 millones. Asimismo, solo permite un valor de 535.900 millones de pesos como deuda “flotante”, es decir pagos atrasados del ejercicio anterior. Este último número se mantiene fijo a lo largo de 2022.
Además hubo metas indicativas para recaudación y gasto social. El Gobierno debería tener un ingreso real 2,417 billones de pesos entre los primeros tres meses del año. Además, habrá un mínimo a gastar en programas de asistencia social por casi $152.000 millones. Por su lado, el BCRA deberá cumplir con un piso de variación reservas internacionales netas: hacia finales de marzo, las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones. Respecto a la monetización del déficit, el techo indicativo implica una suma de $236.800 millones.
