En el juicio por la expropiación de YPF, la Justicia de Estados Unidos extendió hasta el 10 de enero el plazo para que la Argentina deposite la garantía.

La decisión se tomó dos días después de que el Gobierno pidiera re-asignar la responsabilidad para que lo defina la administración de Javier Milei.

“Se concede la solicitud de la demandada República Argentina para ampliar el plazo del 5 de diciembre y la suspensión provisional de la ejecución. [...] El tribunal recuerda a la República que, como condición para la suspensión de la ejecución con mínima seguridad, le exigió solicitar una revisión acelerada ante el Tribunal de Apelaciones, no es una cuestión de acuerdo entre las partes”, dice el fallo firmado por la jueza Loretta Preska.

En este fallo confirma la extensión del plazo: “Para adaptarse a la nueva administración en Argentina, la Corte permitirá hasta el 10 de enero que la República entregue los activos a los Demandantes, como se indica en la orden de la Corte del 21 de noviembre”.

Asimismo, también alargaron una semana el plazo -hasta el 30 de enero- para que las autoridades nacionales presenten el escrito de apertura y soliciten la revisión acelerada al Tribunal de Apelaciones: “La suspensión temporal de la ejecución permanecerá en vigor hasta que la República no haya prometido activos a los demandantes antes del 10 o 30 de enero, lo que ocurra primero”.

“Una vez que se cumplan ambas condiciones, es decir, pignorar los activos según lo dispuesto en la orden del 21 de noviembre y solicitar un tratamiento acelerado en el Tribunal de Apelaciones de conformidad con el calendario de presentaciones informativas ahora modificado por las partes, a más tardar el 30 de enero de 2024, se concede a la República una nueva suspensión de la ejecución en espera de apelación”, cierra el documento que compartió el analista Sebastian Maril y especialista en el caso.

Este fallo responde al pedido que envió el Gobierno hace dos días, en el que buscaba dilatar la responsabilidad hasta que el libertario asuma la Presidencia: “El presidente electo prestará juramento el 10 de diciembre y se espera que la nueva administración nombre nuevos líderes para el gabinete y los ministerios de la República a partir de esa fecha. Dada la transición, la República solicita respetuosamente que la decisión provisional de ejecución de la sentencia definitiva vigente hasta el 5 de diciembre y el plazo concurrente del 5 de diciembre para pignorar ciertos activos como condición de una nueva suspensión, se extiendan hasta no antes del 10 de enero”.

En la solicitud enviada, explica: “Los abogados de la República han consultado con los abogados de los demandantes, quienes han dicho que se oponen a cualquier extensión, a menos que la República primero acuerde un cronograma acelerado para la apelación, una de las dos condiciones de suspensión en la orden del tribunal del 21 de noviembre. La República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la orden judicial”.

“Acelerar el cronograma de presentación de informes en la apelación sería un desafío porque los demandantes presentaron una apelación cruzada e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, las cuales requerirán información adicional. Además, la nueva administración ya tendrá un tiempo limitado entre el momento en que asuma el cargo y la fecha límite para el escrito inicial de la República para analizar las complejas cuestiones en apelación y revisar el borrador”, había señalado el Gobierno.