Tras el fallo de la jueza Loretta Preska, de la Corte de Nueva York, que ordenó al Estado pagar US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la estatización de la petrolera en 2012, se abre un abanico de alternativas que los abogados encargados de la defensa argentina deberán abordar con extrema precaución para evitar aumentar aún más la suma final a pagar.

El próximo paso en el ámbito legal, posterior al fallo del viernes, atañen a las especificidades del sistema jurídico estadounidense. En este contexto, tanto Burford como Argentina están obligados a presentar ante la jueza el documento que contiene la resolución que ella deberá ratificar. Esto es así porque la redacción del fallo no recae en la magistrada, sino que es responsabilidad conjunta de las partes involucradas en el litigio.

Una vez que el fallo esté debidamente firmado, la Argentina tendrá la opción de apelar la decisión, o bien, ambas partes podrían solicitar la suspensión del proceso legal debido al cambio de gobierno en el país. Este escenario ya se vivió en 2015, cuando la jueza Preska pausó la demanda para evaluar si la nueva administración tenía una estrategia judicial diferente.

“Con un fallo firme (aún no lo es) por US$16.000 millones, la Argentina estará sumando intereses al 9% anual hasta que negocie un acuerdo con Burford y el resto de los beneficiarios. Estamos hablando de US$1440 millones anuales. Así, el próximo gobierno deberá evaluar una nueva estrategia legal”, escribió en su cuenta de Twitter el director de Latam Advisors y especialista en esta causa, Sebastián Maril.

Además del juicio por la expropiación de YPF, por el cual la Argentina fue condenada este viernes por un tribunal de Nueva York a pagar US$16.000 millones en resarcimientos por daños económicos, el país tiene litigios en el exterior por casi US$7000 millones.

Juicios en el Ciadi: US$3840 millones

Las demandas más significativas están concentradas en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas sobre Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial. Ante ese tribunal, hay juicios contra la Argentina por US$3840 millones. Eso incluye a aquellos de beneficiarios de fallos que aún no han cobrado, otros que están en litigio y sin resolución y otros que están negociando el pago, explicó el analista experto en deuda Sebastián Maril.

Cupones PBI: US$1500 millones

En abril, el país perdió un juicio sobre los pagos de los denominados “cupones PBI” de 2013, una serie de activos en euros que ajustaban por crecimiento del PBI. Entonces, el Tribunal Superior de Londres condenó a la Argentina a pagar 1330 millones de euros a bonistas por haber falseado el índice.

La demanda fue realizada en 2019 y se reclamó una indemnización de hasta 643 millones de euros (US$704 millones). El juez Simon Picken falló a favor de los bonistas y determinó que la Argentina debe pagar la cifra que solicitaron más los intereses, por lo que el número escala a 1330 millones de euros. Es decir, casi US$1500 millones.

Attestor Capital: US$415 millones

También en Nueva York, el país perdió un caso en primera instancia por la deuda en default a raíz de un reclamo del fondo de inversión Attestor Capital, de origen británico y con sede en las Islas Caiman. Son cuatro demandas por un total de US$415 millones.

Otros juicios que tiene la Argentina en el exterior

• Aerolíneas Argentinas, US$340 millones
• Holdouts, US$287 millones
• Bainbridge Capital, US$93 millones
• WeBuild, US$30 millones