La Fundación Clooney para la Justicia (CFJ), creada por el actor de Hollywood George Clooney y su esposa, la activista y abogada Amal Ramzi Alam Uddin, más conocida como Amal Clooney, pidió a la justicia argentina investigar “las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos” atribuidas por la ONU y la propia ONG al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela “con base en el principio de jurisdicción universal”.
El pedido, conocido este miércoles, “es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, dijo Amnistía Internacional en un comunicado.
Según la presentación, “las pruebas presentadas por CFJ apuntan a la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas o percibidas como vinculadas a la oposición política del gobierno”.
El equipo jurídico de la ONG representa a los familiares de “dos víctimas de violencia y asesinatos indiscriminados en su último esfuerzo para apoyar a los sobrevivientes y hacer que los perpetradores rindan cuentas más allá de la frontera de Venezuela”, afirmó la Fundación en una nota.
Qué dice el pedido de la Fundación Clooney ante la justicia argentina
Yasmine Chubin, directora de Defensa Legal de la fundación, dijo que “el sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”.
“Es por eso que estamos ayudando a los sobrevivientes y sus familias a reunir evidencia de los crímenes cometidos en su contra y buscar jurisdicciones alternativas para garantizar que los perpetradores de estos crímenes rindan cuentas”, agregó.
Según la fundación creada por el reconocido actor estadounidense y su esposa, “desde 2014, cuando comenzaron estos crímenes, las autoridades venezolanas no han iniciado investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales, incluidos asesinato, tortura, violencia sexual y detención arbitraria, cometidos por funcionarios venezolanos.
Por qué el pedido se realiza ante la justicia argentina
Sobre el motivo de la presentación en Argentina, el comunicado señaló que “la jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los delitos más graves, independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del perpetrador o de la víctima”.
“Argentina es una jurisdicción apropiada dada su ya bien establecida dependencia de la jurisdicción universal. El sistema de justicia federal argentino ha aplicado previamente el principio de jurisdicción universal a casos en lo que ahora es una sólida línea de precedentes”, indicó.
Al respecto, mencionó que “en 2010 un juez federal argentino inició una investigación penal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco (1936-1977). Esto condujo a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían cumplido”.
Además, recordó que “en 2021, aplicando nuevamente la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad rohingya en Myanmar.
“Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que han estado esperando justicia durante años”, dijo Ignacio Jovtis, gerente sénior de programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela.
“Esperamos que el sistema de justicia argentino continúe aplicando correctamente la jurisdicción universal y abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias de la misma manera que lo ha hecho en los demás casos de jurisdicción universal ante ella”, aseguró.
El respaldo de Amnistía Internacional
En tanto, Amnistía Internacional dijo que “la presentación hecha ante la justicia federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice, sobre crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas, es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.
“Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos”, añadió.
Además, señaló que “la justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”.
Qué dice el informe de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela
En septiembre de 2022, la Misión Internacional independiente de las Naciones Unidas publicó un demoledor informe donde identificó la cadena de mando de los presuntos responsables por crímenes de lesa humanidad atribuidos a Venezuela.
Entre los señalados están el propio presidente Maduro, su vice Delcy Rodríguez, el diputado Diosdao Cabello –segundo del Partido Socialista venezolano- y los directores de la temible Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Todos, según la ONU, participaron de una “maquinaria” para “reprimir la disidencia”.
Los detalles son desgarradores y generan fuerte sensibilidad. Los testimonios son incluso peores, según relatan los miembros de la misión. Hubo 246 entrevistas confidenciales a las víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
Las denuncias de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos se basan en cuatro ejes: violencia física; violencia sexual y de género; condiciones de detención; y violencia psicológica y otros
