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Más de 200 nuevos imputados por el ataque a los edificios públicos en Brasilia

La denuncia de la PGR sostiene que ese campamento contaba con “una estructura clara para garantizar la permanencia y la estabilidad” de los manifestantes que pretendían tomar las sedes de los poderes públicos.

30 Enero de 2023 18.44

La fiscalía de Brasil acusó hoy a 225 personas por el ataque a las sedes de los tres poderes públicos del país, ocurrido a principios de este mes, y un juzgado federal ordenó el embargo de los bienes de 40 imputados por esos hechos, informó la prensa local.

La Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 225 personas ya detenidas los delitos de asociación criminal e instigación al crimen acompañada de animosidad de las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales, según la agencia estatal de noticias Brasil.

Esos imputados fueron detenidos en un campamento frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, y están recluidos en unidades del sistema penitenciario del Distrito Federal tras haberse celebrado audiencias en las que se dispuso que permanecieran en prisión preventiva, explicó la PGR.

La denuncia de la PGR sostiene que ese campamento contaba con “una estructura clara para garantizar la permanencia y la estabilidad” de los manifestantes que pretendían tomar las sedes de los poderes públicos.

Además, el Ministerio Público reclamó en su presentación que se ordene a los imputados el pago de indemnizaciones “por los daños morales colectivos evidenciados en la comisión de los delitos” señalados.

De ese modo, ya son 479 las personas denunciadas por la PGR por los ataques al palacio presidencial de Planalto, el Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), ocurridos el 8 de este mes.

Tras la denuncia, corresponde al pleno del STF decidir si la acepta y convierte a los acusados en imputados. Aún no se ha fijado fecha para ese trámite.

Por otra parte, un juzgado federal de Brasilia ordenó el embargo de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de 40 personas detenidas en flagrancia durante los ataques, tal como lo pidió la PGR.

En la solicitud, la PGR sostuvo que esas personas deben asumir el costo derivado de los daños causados a bienes públicos, que estimó en 18,5 millones de reales, equivalentes a unos 3,6 millones de dólares, según el portal de noticias G1.

El juez Francisco Ribeiro afirmó en el fallo que existen “fuertes indicios” de que “dichos imputados participaron en los actos y manifestaciones antidemocráticas que culminaron con la invasión y depredación masiva de la sede oficial de los tres poderes de la república”.

El magistrado consideró “absolutamente plausible la tesis” de la fiscalía de que esas personas “contribuyeron a la consecución de daños masivos a los bienes públicos, siendo pasibles, por tanto, de responsabilidad civil”.

Con esa medida suman 92 las personas a las cuales la justicia brasileña dispuso embargarles los bienes en relación con los ataques del 8 de este mes, informó la Abogacía General de la Unión (procuración del Estado).