Las medidas del gobierno de Perú para luchar contra la inseguridad podrían incluir capítulos que afecten el derecho a la protesta y la libertad de expresión, advirtieron organizaciones gremiales en medio de un clima de alerta que se ha instalado en el país.

“El Poder Ejecutivo pretende criminalizar a las personas que se manifiestan a favor de las protestas”, afirmó el abogado Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización civil que lucha por los derechos del periodismo. El debate se intensificó desde el viernes, cuando la Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 18 votos contra cuatro un texto que permite que se procese judicialmente a “comunicadores” que “inciten” con sus informaciones a actos de protesta que deriven en violencia.

“Para nosotros queda claro que lo que se busca es acotar al máximo la cobertura”, señaló la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, quien recordó que ya antes el gobierno de la presidenta Dina Boluarte pretendió imponer recortes en la actividad periodística. El dictamen, que para adquirir vigencia debe ser ratificado por el pleno del Congreso, algo que potencialmente podría ocurrir dada la correlación de fuerzas, forma parte del estudio que realiza el parlamento sobre un pedido de facultades legislativas extraordinarias planteado por el Ejecutivo para adoptar medidas contra la inseguridad.

En esa solicitud de facultades, que apunta a agilizar la adopción de herramientas para enfrentar a la delincuencia, se introdujo, “de contrabando” en palabras de Lainez, la iniciativa de modificar el Código Penal para poder llevar ante los tribunales a periodistas.

Para entidades como la ANP, el IPYS y el Consejo de la Prensa Peruana, con solidaridad de la Sociedad Interamericana de Prensa, si la propuesta fuera aprobada se creará una zona amplia en que la actividad informativa quedará a criterio subjetivo de los encargados de impartir justicia.

“Lo peligroso es que la palabra 'incitar' se liga de manera directa con la palabra 'convocatoria'”, subrayó Lainez. Así, un periodista que haya informado en su medio sobre la realización de una protesta podría quedar expuesto a un proceso por “incitación” si tal acto degenerara en violencia.

En medio del escándalo, el primer ministro, Alberto Otárola, aseguró que el gobierno no quiere imponer restricciones a la libertad de prensa, pero no planteó la posibilidad de que ese punto sea retirado del pedido de facultades. “Una vez más constatamos que no hay relación entre lo que se declara y lo que se hace; lo decimos con claridad: eso criminalizará la actividad periodística”, indicó Lainez, para quien la única posibilidad de acabar con las dudas es que se elimine ese punto.

“Aprobarlo así y darle facultades al Ejecutivo en esa línea sería lesivo no solo para el ejercicio de la libertad de expresión, sino un golpe letal para la libertad de prensa en este país y para la democracia”, agregó la dirigente gremial en conferencia de prensa. El Congreso, controlado por fuerzas que apoyan la gestión de Boluarte, analiza el pedido de facultades extraordinarias, presentado por el Ejecutivo en el marco de un crecimiento exponencial de la delincuencia que se ha convertido en una de las mayores fuentes de preocupación ciudadana.

A figuras que siempre existieron en Perú pero crecieron notablemente en los últimos tiempos, como los asaltos o las extorsiones, se han sumado otras que eran muy esporádicas y ahora son cuestión diaria, como, por ejemplo, el sicariato.

El gobierno de Boluarte no dio mayores detalles sobre lo que pretende hacer con las facultades extraordinarias y se limitó a señalar que seguirá un camino propio, con lo que descarta que se trate de copias de políticas de otros países, como la de El Salvador con el presidente Nayib Bukele.

Ese deslinde fue necesario después de que voceros de partidos de derecha que apoyan al gobierno elogiaran en coro a Bukele a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos, y de que el propio Otárola y el presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo, se mostraran aparentemente abiertos en declaraciones a copiar aspectos del modelo.

El revuelo por las supuestas intenciones de limitar la libertad de prensa se produjo en momentos en que en vastos sectores de Perú hay un marcado malestar por el aparente deseo del gobierno y el Congreso de copar todas las instituciones para seguir con el control incluso más allá de la finalización del período en 2026.

El sábado reaparecieron las protestas, cuando cientos de ciudadanos recorrieron calles de Lima para rechazar la presunta intención del Congreso de ampliar sus poderes mediante una ofensiva contra la Junta Nacional de Justicia, el ente que nombra a los jueces y fiscales y que vigila y eventualmente sanciona a ellos y a los jefes de los organismos electorales. Todo transcurrió pacíficamente.

Perú fue escenario de protestas contra el gobierno y el Congreso desde la destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte. El detonante fue que la nueva mandataria anunció que seguiría hasta 2026, desoyendo un clamor, de más de 90% según las encuestas, de elecciones anticipadas para un cambio inmediato.

En los primeros tres meses, las movilizaciones dejaron 49 muertos directos y 77 en total, mientras organismos nacionales e internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reportaron excesos de la fuerza pública y ejecuciones extrajudiciales.

En la documentación de los denunciados excesos fue determinante el material fotográfico y de video aportado por la prensa, lo que, en opinión de los dirigentes gremiales, motiva que ahora se pretenda limitarla.