La Red de Jueces Penales Bonaerenses calificó de “intromisión intolerable” las expresiones del presidente Alberto Fernández sobre el juicio oral y público que se sigue a dos acusados de abusar sexualmente y asesinar a Lucía Pérez. Aunque este proceso, el segundo que se realiza, recién tendrá una sentencia el próximo viernes, el Primer Mandatario ya emitió su opinión: lo definió como un “femicidio” y anticipó que no iba a “permitir la impunidad” en el caso.
“Los dichos del presidente de la Nación implican una intromisión en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y en la vida de las instituciones democráticas, que por lo menos debe ser puesta en evidencia para evitar que actos de ese tipo se sigan repitiendo y sea ello un llamado a la reflexión en la construcción de la paz social”, señalaron desde la institución que preside Juan Sebastián Galarreta.
El jefe de Estado hizo esas y otras manifestaciones sobre el caso tras un encuentro que mantuvo la semana pasada con Rosa Montero y Guillermo Pérez, los padres de la víctima. Las volcó en su cuenta personal en las redes sociales y disparó el malestar y denuncias de las defensas de Matías Farías y Juan Pablo Offidani, los dos enjuiciados para los que la parte acusadora pidió penas de prisión perpetua.
La defensora oficial Laura Solari, que representa a Farías, presentó el viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 un pedido de nulidad del juicio –que ya superó la instancia de alegatos y última palabra de los acusados– y otro para que la Justicia federal investigue si el Presidente incurrió en un delito de acción pública con aquellas declaraciones.
César Sivo, defensor de Offidani, también dijo que las expresiones que Fernández publicó en redes sociales sobre esta causa eran suficientes para “nulificar el juicio”.Además de definir como femicidio lo que los jueces todavía están evaluando y advertir que no permitirá “impunidad”, también calificó como “escandaloso” el fallo del primer juicio que se realizó por esta misma causa, en 2018, y que tuvo absoluciones para los dos acusados por los delitos de abuso sexual y asesinato (sí fueron condenados a ocho años de prisión por la provisión de estupefacientes a una menor). Los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, que firmaron esa resolución, fueron suspendidos y el próximo martes afrontarán un jury por no haber aplicado en esa sentencia “perspectiva de género”.
La Red de Jueces Penales expresó, en un comunicado, que esas manifestaciones de Fernández “constituyen una intolerable intromisión en la labor de los magistrados del Poder Judicial Bonaerenses” justo cuando “los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, luego de concluido el debate oral, se encuentran deliberando y votando para emitir su decisorio respecto del 'Caso Lucía Pérez'”.
Advirtieron, además, que tienen por contexto el reclamo de acusadores particulares, quienes “habrían advertido de manera conminatoria que, si no obtienen la sentencia que reclaman, promoverán un Jury de Enjuiciamiento contra los jueces intervinientes”. Entendieron que, por ello, “se buscaría “propiciar un escenario de posibles interferencias invasivas en la labor de los magistrados a quienes se pretendería condicionar para que resuelvan de una determinada manera”.
Pero, más grave aún, consideran que se comienza a establecer “un contexto simbólico frente al cual, y ante una solución no esperada, podría generarse cierto clima de violencia”, cuestión que preocupa y mucho tanto en tribunales como a las autoridades locales, dada la activa participación de organizaciones sociales a metros de la sala de audiencias, siempre con un reclamo de condena ejemplar para los acusados.
Concluyeron desde la Red de Jueces Penales que existe “imperiosa necesidad” de reclamar que se respeten la independencia judicial y la división de poderes “de modo irrestricto” y “con especial referencia al trabajo de los jueces que intervienen en el juicio aludido y la judicatura en general, quienes siempre deben resolver conforme a derecho y sin injerencias de ninguna naturaleza”.
