“Ya no soy el rey de la carne, me arruinaron”, dice Alberto Samid, sentado en el comedor de su casa ubicada en el centro de Ramos Mejía, donde cumple prisión domiciliaria. En los primeros días de diciembre su defensa presentó un pedido para su excarcelación que fue rechazado por el Tribunal Oral Penal Económico primero y por la Cámara de Casación después.

Como respuesta a esa resolución judicial, Samid convocó a familiares y allegados para cerrar el año con un brindis y conmemorar así un nuevo aniversario del inicio de la causa que enfrenta por asociación ilícita. Con show incluido, por supuesto.

Todos los invitados fueron recibidos por una imponente torta de más de un metro y medio de alto, decorada con los todos los años en los que, según él mismo relata, tuvo que ir a visitar los juzgados de Comodoro Py. Además, en las paredes pegó carteles con la leyenda “Procesado 28 años”.

“Es una locura. Mi caso es único en el mundo, estoy para un récord Guiness”, se queja el empresario mientras muestra la tobillera electrónica que utiliza en la muñeca “porque es más cómodo”.

Su condena a cuatro años de prisión está a la espera de una definición de la Corte Suprema y eso le impide acceder al beneficio de los dos tercios de cumplimiento para salir en libertad.

Después de casi tres décadas de proceso judicial, la asunción de culpabilidad de Samid es nula. “Soy inocente, mi único delito fue vender carne a precios razonables”, sostiene en la entrevista. La justicia determinó que fue parte de una asociación ilícita que entre 1993 y 1998 evadió más de $23 millones en impuestos (equivalente en aquella época a la misma cifra en dólares).

En abril de 2019 se ausentó a las audiencias del fuero penal económico y fue detenido por efectivos Interpol en Belice. Desmiente por completo las acusaciones que planteaban un intento de fuga.

“Había viajado para visitar a un amigo que me ofreció una oportunidad de negocio allá”, recuerda.

Hoy tiene dificultad para caminar por complicaciones en las rodillas y tiene problemas de próstata. Reclama que lo engorroso de los trámites para pedir autorización en cada una de sus turnos médicos le perjudica la salud. “Si la justicia fuera tan rígida en todos los casos como lo es en el mío no habría delincuentes en la calle. Acá hay casos de distinta vara”, dice.