El presidente Javier Milei está exultante con el respaldo que está recibiendo por estos días de los Estados Unidos y del FMI por el rumbo económico que ha tomado su Gobierno.

Sin embargo, no debería restar atención a un común denominador: la preocupación por el costo social del ajuste. Esas son las señales que llegan desde Washington. Las mismas que salen del Vaticano.

En ese sentido, el embajador de EE,UU, en la Argentina, Marc Stanley, suele adelantar en público el pensamiento de la administración de Joe Biden, que mira con recelo el apoyo de Milei a su competidor Donald Trump.

Stanley lo dijo hace menos de un mes en el encuentro que organizó la Cámara de Comercio de su país en la Argentina, Amcham. Aseguró que EE.UU. “está muy interesado en las reformas económicas”, pero al gobierno norteamericano también le “importa el impacto en los más vulnerables”, y lo reiteró días después en declaraciones periodísticas.

Es la misma línea que sigue el FMI. Habla de un “progreso impresionante” del gobierno argentino, pero al mismo tiempo se manifiesta preocupado por el ajuste y pide apoyo político y social para las principales medidas que toma.

Lo señaló la vocera Julie Kozak poco antes de que lleguen a Washington, para participar de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y parte de su equipo.

Pero esto poco parece importarle a Milei, más allá de la alianza estratégica que promueve cada vez que puede con Washington y la buena letra que satisface al Fondo. No piensa retroceder en ninguna de las medidas que tomó.

Le piden respaldo político y apoyo parlamentario para sacar las leyes que necesita, a a vez que aprobación de la Cámara de Diputados al súper Decreto de Necesidad y Urgencia que fue rechazado en el Senado, mientras descansan en la Corte pedidos de inconstitucionalidad.

La celeridad con que avanza Milei marca una clara diferencia con el inicio del gobierno de Mauricio Macri, pero también está caracterizado por una falta de respaldo político, algo que no molesta para nada al Presidente.

Así lo escuchan sus ministros en cada reunión de gabinete, donde castiga duramente a la “casta política”. Aunque son los representantes de ese sector los que deben apoyar sus iniciativas en el Congreso.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se ve muchas veces atrapado entre las palabras de Milei y las quejas de sus interlocutores: los gobernadores. Sobre todo los que son aliados dentro de la oposición.

Cada reunión con los 10 mandatarios que representan a Juntos por el Cambio está rodeada de un rosario de quejas por el ajuste a las provincias, aunque también es cierto que dejan abiertas las puertas para un acuerdo y dar los votos en ambas cámaras legislativas.

Lo que siempre quieren saber es si lo que le promete Francos o lo que dialogan con el ministro Caputo es lo que piensa Milei. Salen con desconfianza al término de cada reunión.

“Nos piden apoyo, el respaldo a sus leyes, pero después nos destratan de la misma forma que a aquellos gobernadores que están en una cerrada oposición a Milei. No terminamos de entender a esta gente”, se queja en lo privado uno de los mandatarios provinciales que mejor relación tiene con la Casa Rosada.

Los temas son los de siempre, además de la Ley de Bases, que Milei quiere tener sancionada y promulgada antes del 25 de mayo para firmar un pacto con los gobernadores.

A la cabeza de los reclamos está el desfinanciamiento de las cajas jubilatorias provinciales y la futura vuelta del impuesto a las ganancias.

No solo los gobernadores del sur piden un piso lo más alto posible para el mínimo no imponible. Se van sumando los mandatorios de otras provincias por la suba que van teniendo los sueldos por la inflación.

Las paritarias es otro problema que asoma en la compleja relación con los gremios. La CGT está a la puerta de un nuevo paro nacional y otra movilización. No solo por las paritarias, sino por los masivos despidos de estatales, entre otras cuestiones.

Es que la libertad absoluta para aumentar los precios contrasta con las limitaciones a los aumentos de las jubilaciones y de los sueldos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, no se cansa de repetir que las paritarias son “libres” en la Argentina. Como lo han dicho todos los gobiernos de los últimos 20 años.

Sin embargo, el ministro Caputo tiene un punto de coincidencia con sus antecesores: quiere ponerles límites “no oficiales” a las negociaciones privadas de los empresarios y gremios, que deben ser luego homologadas por la Secretaría de Trabajo.

Los aumentos de sueldos siempre han sido una variable de ajuste para tratar de contener a la inflación y esta no parece ser una excepción.

Ahora, la puja es con el poderoso gremio de los Camioneros, que amenaza con un duro paro, como lo dijo Pablo Moyano, si mañana no le homologan el último acuerdo que firmaron con los representantes empresarios más importantes de ese sector: 45 % (25 en marzo y 20 en abril) y luego volver a negociar.

Caputo insistió con que las paritarias son libres, pero que en el caso de Camioneros, el Gobierno no la va a homologar porque no cumplen con las expectativas que su Ministerio tiene para los salarios.

Mientras tanto, la suba constante de precios y la ola de aumentos de servicios en abril no parecen tener fin. Esto hará mucho más difícil la vida de millones de argentinos, cuya pobreza sigue aumentando y amenaza en el primer trimestre del año con índices que no dejan de alarmar.

Una pregunta que da vuelta por Washington, tanto en el Departamento de Estado como en el FMI, es: ¿cuánto tiempo durará la paciencia del votante de Milei si no llega un poco de alivio a sus bolsillos? Los índices de apoyo siguen siendo importantes, pero nadie tiene una respuesta.