Los gobernadores peronistas se reunieron esta tarde en el Centro Federal de Inversiones (CFI), ubicado en el centro porteño, para discutir sobre una agenda política que mantienen en el tiempo y que en las últimas semanas quedó cruzada por el pedido de condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y el atentado que sufrió el último jueves en Recoleta.
Del encuentro participaron 13 gobernadores, el vicegobernador de Catamarca y el vicepresidente de la Legislatura tucumana. En forma presencial estuvieron Jorge Capitanich (Chaco), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Rubén Dusso (Vicegobernador de Catamarca).
A través de Zoom estuvieron Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Saenz (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Regino Amado (Vicepresidente primero de Legislatura de Tucumán). El encuentro duró cerca de una hora y media, y tuvo varios temas en agenda.
Lo primero fue poner sobre la mesa el tema más sensible: el atentado a la Vicepresidenta. Si bien los mandatarios ya se habían expresado durante las horas posteriores al hecho, hoy discutieron las formas del comunicado que emitieron al caer la noche y que buscó ser una nueva muestra de apoyo a Cristina Kirchner.
En el texto indicaron que durante la reunión tuvieron el objetivo de “reafirmar la necesidad de contribuir hermanados a un clima de pacificación nacional”.
En ese sentido, le “recomendaron al Presidente realizar una convocatoria de una Comisión por la Paz y la No Violencia integrada por las distintas expresiones religiosas junto a personalidades notables de diferentes procedencias del país a los efectos de elevar una serie de recomendaciones que deben ser las reglas sustanciales para la construcción de una cultura del encuentro en el país”.
Una vez que ese tema quedó atrás, los gobernadores hicieron hincapié en los temas de la agenda política y económica que más les preocupa. Uno de ellos, el principal, es el temor a que en esta etapa de ajustes de gastos que está llevando adelante el ministerio de Economía, les recorten financiamiento a las obras públicas.
Temen que les achiquen los recursos que el estado nacional le destina a cada provincia como parte del ordenamiento de la economía que está haciendo Sergio Massa. Entienden que es posible que exista un recorte en el presupuesto del 2023 y van a ejercer presión para que no suceda.
El año que viene son las elecciones y muchos gobernadores van a desdoblar los comicios. Los adelantarán respecto a la fecha de la elección nacional, motivo por el que el presupuesto en obras es determinante, ya que son el sinónimo más fehaciente de que la gestión está activa. En Economía niegan que vaya a haber recortes.
“Consideramos necesario lograr los consensos necesarios para federalizar el presupuesto 2023 con el objeto de garantizar la continuidad de las obras públicas en nuestras provincias, sostener el crecimiento de la economía y promover la recuperación del salario real”, indicaron en el comunicado.
Los mandatarios indicaron que apoyan “las medidas anunciadas por el Ministro de Economía Dr. Sergio Massa para incentivar la liquidación de divisas pues contribuye a lograr estabilidad cambiaria como precondición para sostener la estabilidad macroeconómica y generar empleo productivo”.
Lo que le importa a los gobernadores es que haya continuidad en la obra pública que tienen abierta en sus provincias. Para eso es central que las transferencias del gobierno nacional sigan llegando y se mantengan escritas en el Presupuesto 2023.
Otro de los temas que está en la agenda de los gobernadores es el impacto concreto que tendrá el aumento de tarifas en el último trimestre del año y en los primeros meses del 2023. Aumento que, según estiman, será de más de un 100%.
En septiembre comienza a regir el nuevo esquema tarifario, luego de que el ministro de Economía avanzará sobre la quita de subsidios. En los próximos días el Gobierno oficializaría los cuadros de las tarifas de electricidad y los aumentos escalonados que sufrirán los usuarios.
Los usuarios que tienen los ingresos más altos van a dejar de recibir el subsidio en tres etapas. Un 20% será en septiembre y el resto en noviembre y en los primeros meses del año que viene, donde se terminará de concretar la quita de subsidios.
Aunque no lo hagan público, los gobernadores visualizan que comenzarán el año electoral con un recorte en sus presupuestos, con tarifas en alza debido a la baja de subsidios y con una inflación acumulada que supere el 80%. Un contexto poco amigable para hacer una campaña electoral y para mantener la tranquilidad en sus provincias.
Un tercer tema importante para los mandatarios es el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires, y que terminó con un conflicto que llegó a la Corte Suprema. Los mandatarios saben que si la decisión del Máximo Tribunal se inclina hacia el razonamiento de la Casa Rosada, ese monto será coparticipado en el resto de las provincias.
Sin embargo, la mayoría cree que la Corte se va a inclinar por la postura que tiene el gobierno porteño que conduce Horacio Rodríguez Larreta. No es casualidad que en el comunicado haya un mensaje político dirigido a ese tribunal.
“Insistimos en la necesidad de avanzar en la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación promoviendo una integración federal con paridad de género y al mismo tiempo, nos preocupa su indiferencia respecto a nuestra petición de incluir a las provincias que reclamamos ser amicus curiae ante el conflicto suscitado por la distribución de recursos coparticipables con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, precisaron.
