Uno de los escándalos más grandes de la gestión actual que encabeza el presidente Alberto Fernández ocurrió en plena pandemia del coronavirus. Cuando escaseaban las vacunas, se filtró el dato de que existía lo que se llamó “vacunatorio VIP”, por aquellos que se salteaban los turnos de vacunación contra el Covid-19 y recibían el antídoto antes de lo estipulado por la emergencia sanitaria.
Ahora, en un escrito de 100 páginas, el fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, solicitaron la citación a declaración a indagatoria del exministro de Salud Ginés González García por la aplicación de vacunas del COVID de manera irregular a funcionarios, diputados, periodistas kirchneristas y otras personas en el Ministerio de Salud, en la causa conocida como el Vacunatorio VIP.
En su presentación, Taiano y Rodríguez le piden a la jueza María Eugenia Capuchetti que indague a González García, pero también a Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Marcelo Ariel Guille y Alejandro Salvador Costa. Entre otros delitos que se les imputan figuran abuso de autoridad y peculado. El escrito adjunta una lista de personas que se beneficiaron con la vacuna contra el COVID-19 en tiempos donde escaseaba el antídoto en el país.
En el escrito, los fiscales exigen que los funcionarios sean indagados por tres episodios en particular. El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando el ministerio de Salud ordenó retirar diez vacunas asignadas para el Hospital Posadas “para la inoculación de 10 (diez) personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis”.
Entre los beneficiados de la maniobra figuran el periodista Horacio Verbitsky, el excanciller Jorge Taiana y el diputado nacional Eduardo Valdés. También familiares del empresario Florencio Aldrey Iglesias, entre otros. La lista la completan Seza Manukian, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Salomón Schachter.
El segundo hecho fue el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud para “su traslado al domicilio particular de Eduardo Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis”.
La tercera instancia apuntada implica “la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 (treinta y cinco) vacunas” para vacunar a 23 personas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en el Hospital Posadas. Según el fiscal, fueron “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares”.
El pedido de indagatoria a Ginés González García llega dos años después del escándalo. “Más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, remarca el dictamen.
