La violación en grupo en Palermo reavivó el debate sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual -también conocido como “Registro de Violadores”-, que tiene una historia corta y llena de grietas. Isabel Yaconis, de Madres del Dolor y una de sus impulsoras, es tajante: “Está de adorno”.
El 3 de julio de 2013 fue sancionada la ley 26.879, que establece la creación de un registro con información -desde nombre y domicilio hasta fotos y apodos- y material genético de todas las personas condenadas con sentencia firme por delitos sexuales.
El proyecto ya venía dilatado desde el vamos: después de su aprobación en el Senado, tardó dos años en llegar a Diputados. La agitación mediática surgida del abuso sexual y femicidio de Ángeles Rawson por fin le dio forma a un debate demorado.
Casi cinco años tardó la ley en reglamentarse. Su funcionamiento efectivo comenzó recién en mayo de 2018, y rápidamente se vio teñido de cuestionamientos: en el primer año, los jueces respondieron apenas el 7% de las solicitudes para autorizar la extracción de una muestra de ADN a los sentenciados.
Lucila Yaconis, el caso que impulsó la creación del Registro de Violadores
“Un dolor enorme que siempre tuve es que nunca nos llamaron desde la Casa Rosada para decirnos que la ley no estaba reglamentada. Cada vez que me reuní con ministros y funcionarios, les preguntaba cómo estaba el banco de huellas y ninguno sabía nada”, recuerda Yaconis.
Tras la reglamentación de la ley, el médico genetista Jorge Dotto fue designado como titular del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. “Sé que él se lo tomó en serio. Me consta que pidió, por ejemplo, los registros del banco de huellas de La Pampa y Córdoba, dos de los más grandes del país, para incorporarlos al registro nacional. Nunca se los enviaron”, asegura la mamá de Lucila.
El proyecto, que había sido impulsado por las Madres del Dolor junto con la exsenadora justicialista Sonia Escudero, proponía almacenar y sistematizar información genética de condenados por casos de violación, pero también de autores que no habían podido ser individualizados. Todos esos datos solo podían ser conocidos por fiscales y jueces que estuvieran investigando una causa por delitos sexuales.
Lucila Yaconis, abusada y asesinada en abril de 2003 en Núñez, a metros de las vías del Tren Mitre y a apenas dos cuadras de su casa, impulsó la necesidad de crear una base de datos con los ADN de violadores: pese a que había rastro genético en el cuerpo de la víctima, nunca se supo quién la violó y la mató. El caso sigue impune hasta hoy.
“En los servicios penitenciarios hay muchos condenados por delitos sexuales que todavía no ingresaron al banco. ¿Tan difícil es ir la Cárcel de Senillosa -en Neuquén-, donde está la mayoría de los violadores, y tomar muestras?”, se pregunta Yaconis. Y profundiza las críticas: “Que me enseñen las muestras que se cargaron. No hay nada”.
“Hay muchos jueces que dicen que la muestra es invasiva: es un hisopado, nada más”
El procedimiento consiste en tomar una gota de la saliva del violador. Luego, en el laboratorio, se produce el perfil genético. “Hay muchos jueces que dicen que es algo invasivo o lesivo. Es un hisopado, nada más”, reclama la mamá de Lucila.
El registro se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Registrales y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su director es, desde abril de 2020, José Antonio Pellegrino. “Es una buena persona, pero es un médico ginecólogo. Puede tener buenas intenciones, pero se necesita un genetista, alguien que tenga mayor idoneidad”, cuestiona Yaconis.
Y sigue: “Me reuní con todos los ministros de Justicia desde 2003 hasta hoy, menos con (Martín, actual titular de la cartera) Soria. Nunca me llamó. Y la verdad es que no tengo mucho que hablar con él”.
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, cada día se denuncian 79 ataques sexuales en la Argentina. En 2020 fueron reportadas 5703 violaciones y 23.213 agresiones sexuales.
