A solo nueve días de dejar su cargo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, concedió un indulto que perdonó condenas de cárcel impuestas a militares y policías, incluyendo a aquellos que han sido responsabilizados por la famosa masacre carcelaria de Carandiru.
El indulto es extensivo a todos los agentes del orden que hayan sido condenados por crímenes culposos, o aquellos que hayan sido cometidos por actos realizados por "su deber de actuar" o "en razón de riesgos" enfrentados por las fuerzas de seguridad.
Ese aspecto beneficia directamente a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo, en 1992.
Los agentes fueron condenados en sendos juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca han llegado a ser encarcelados, debido a maniobras judiciales, con las que sus abogados han conseguido dilatar los juicios de apelación en instancias superiores, en un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
La decisión de Bolsonaro es contraria a las sugerencias del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP) y podría ser inconstitucional, ya que el indulto beneficia directamente a los agentes de la Policía Militar por este caso en concreto, cuando el perdón presidencial tiene que ser colectivo y no específico.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario, celebró la concesión de los indultos en sus redes sociales, diciendo que "hoy se hizo justicia" para esos policías autores de los homicidios en Carandiru, a los que "intentaron arrestar por 30 años".
"Policías militares que entraron donde ninguna madre siquiera permitiría que sus hijos entrasen y cumplieron su misión. Local que guardaba las personas más peligrosas del país. Sufrieron, incluso con la aplastante mayoría de la sociedad apoyándolos", afirmó.