Tres videos en los que presuntos integrantes de bandas criminales que operan en Ecuador ofrecen un período de paz en el país se difundieron en los últimos días y llevaron a las máximas autoridades del gobierno y de seguridad a desmentir cualquier tipo de pacto, tras una sucesión de episodios violentos y enfrentamientos en las cárceles que dejaron más de 30 muertos en pocos días.

En menos de una semana, enfrentamientos en las cárceles ecuatorianas dejaron 31 muertos y una retención temporal de 100 funcionarios penitenciarios, así como el asesinato de un alcalde y varios ataques con explosivos. Esa cadena de atentados rebotó en fuertes críticas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso que movilizó militares, emitió dos estados de excepción y hacía esfuerzos por recuperar el control en las prisiones.

En paralelo, se difundieron en redes sociales tres vídeos presuntamente grabados dentro de recintos carcelarios en donde tres de las bandas de crimen organizado, señaladas por las autoridades como responsables de los elevados y aún crecientes índices de inseguridad y asesinatos, aseguraban haber llegado a un acuerdo entre todos grupos delictivos para que haya paz en Ecuador. Con una alusión a que el pacto era “conjuntamente con la policía”.

Aunque ninguna autoridad ni funcionario ha confirmado, desmentido o precisado en los últimos días si las grabaciones son reales y tomadas en espacios penitenciarios ni si los presuntos líderes son efectivamente reconocidos como dirigentes de organizaciones delictivas que operan en territorio ecuatoriano, el presidente Lasso, el director del sistema de prisiones y el ministro de Interior salieron el jueves a negar que haya algún tipo de acuerdo con grupos criminales.

Una víctima de un tiroteo permanece tapada en una calle de Durán, en Ecuador, días atrás. Foto: AP

“Este gobierno no negocia y no va a negociar con delincuentes”, recalcó Lasso el jueves. "Los vamos a seguir enfrentando sin tregua”, insistió el mandatario.

“No hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar y quiero decir con contundencia que jamás pactaremos con el crimen organizado”, remató.

Pistolas, ametralladoras y tres videos sospechosos

En el primero de los vídeos, publicado el martes por la noche, un hombre se identifica como Adolfo Macías, nombre que corresponde a Alias Fito, líder de la banda de Los Choneros. Aparece con el rostro descubierto y detrás de él hay otro hombre que lleva una campera de uniforme policial.

Ofrece poner fin a las extorciones y muertes violentas que han sumido a los ecuatorianos en una ola de temor y como gesto de compromiso, varios de sus acompañantes entregan sobre una mesa tres pistolas y una ametralladora.

El ministro del Interior, Juan Zapata, habló sobre la presencia del presunto policía el jueves, dos días después, en una entrevista en el canal de televisión Teleamazonas. Confirmó que la persona que aparece con una chaqueta policial es efectivamente un agente y que se ha abierto una investigación.

“Se les explicará en el momento oportuno. Hay una explicación clara y por temas de seguridad del mismo (policía), tenemos que sacarlo de Guayaquil”, dijo sin dar más detalles al respecto.

En el mismo espacio televisivo, Zapata cerró filas sobre cualquier pacto con las bandas y aseguró que nadie en el gobierno está autorizado a sentarse a conversar con esas agrupaciones. Eso, señaló, “rompe los esquemas que tenemos, nuestra línea desde el presidente, el gobierno, (que) es seguir operando contra el crimen”.

Un día antes de los pronunciamientos del presidente y del ministro de Interior, otro video presuntamente grabado por integrantes de Los Tiguerones fue difundido también en redes sociales con una similar oferta de paz consensuada entre los grupos delictivos.

Las escenas de muerte y violencia en Guayaquil, Ecuador, son casi cotidianas. Foto: AFP

Finalmente, el jueves se dio a conocer una tercera grabación con más de una veintena de personas que aparecen primero con ropa blanca y sin armas y después, se quitan sus remeras para mostrar otras negras y armas de calibre pesado.

Quien habla en el video, tapado con una gorra que impide ver su cara, asegura representar a Los Lobos y también sumarse al pacto de paz.

Según un informe policial, recogido entre los hechos que motivaron al gobierno a declarar nuevamente estado de excepción, la ruptura de una alianza entre Los Lobos y Los Tiguerones es el origen del nuevo rebrote de violencia en el país, que lleva sumido en un alza de los asesinatos y de la delincuencia desde hace más de dos años.

El director del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), Guillermo Rodríguez, se refirió también a la propuesta de paz y manifestó que lo anunciado por esas bandas es “una entrega voluntaria" (de armas). Pero insistió en que "en este caso ningún funcionario... ha estado autorizado para hacer algún acercamiento”.

Rodríguez atribuyó esas declaraciones de las bandas criminales a la reacción firme del Estado y agregó que los pactos son “entre ellos y que nosotros no tenemos nada que ver en ese tema”.

Furia en las cárceles

El gobierno de Lasso, que comenzó su mandato en mayo de 2021, ha adjudicado la violencia que azota al país desde hace más de dos años a la disputa entre bandas criminales por el poder y control de las rutas locales e internacionales para el tráfico de drogas y microtráfico.

Creó en ese año una comisión de pacificación para las cárceles con delegados nacionales y extranjeros con la que se buscaba poner fin a los enfrentamientos y una tregua previa a la entrega de armas por parte de las bandas, pero esto nunca llegó.

Al fracasado intento, le sucedieron, por el contrario, nuevas confrontaciones dentro de las cárceles, que suman más de 400 presos asesinados desde 2021.

En agosto de 2022, los reclusos de una cárcel en Cuenca, una de las tres más grandes del país, firmaron un acuerdo de paz con la entrega de armas impulsado por el SNAI, que perseguía una convivencia armónica de los internos, luego de que a inicios de ese mismo año una pelea entre presos dejara 20 fallecidos. La firma de un documento similar se dio un mes antes en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ninguna de las dos iniciativas frenó definitivamente las muertes dentro del sistema penitenciario.