Por extorsión

Cinco activistas sindicales fueron detenidos por bloqueos y agresiones

Así fue dispuesto por un juez de La Matanza por la protesta extorsiva en 2022 a la compañía Expreso del Oeste. Se encontró una escopeta en la sede de la UTA de Zona Oeste.

11 Mayo de 2022 14.16

Un delegado y cuatro activistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fueron detenidos esta mañana, y sus domicilios fueron allanados por los bloqueos realizados en 2021 a la empresa Expreso del Oeste, en La Matanza, por el que están acusados de delitos como lesiones leves, violación de morada ajena, impedimento de transporte por tierra, perturbación de transporte por tierra, extorsión, amenazas coactivas y asociación ilícita.

En una de las protestas fue agredido Esteban Falcigno, apoderado y uno de los dueños de la compañía, a quien en los videos de las cámaras de seguridad puede verse cómo una patota lo empuja, lo tira al piso y lo ataca. Incluso lo obligaron a borrar de su celular la filmación del bloqueo que se había iniciado en la puerta de la empresa, en Villa Madero, La Matanza, por reclamos que nunca quedaron claros y con un grado de violencia inusitada.

 

Las detenciones fueron decididas por el juez de Garantías de La Matanza Agustín Gossn, a partir de un pedido de la fiscal Analía Córdoba, quien investigó los episodios en Expreso del Oeste durante meses junto con la secretaria Andrea Seminara y con la colaboración del director del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, comisario Flavio Marino.

En los allanamientos incluso fue encontrada una escopeta en la sede de la UTA Regional Oeste, sobre la que la Justicia está investigando su origen y si estaba registrada legalmente. En tanto, a los acusados les secuestraron autos registrados a su nombre, que participaron de uno de los bloqueos.

Los detenidos son el delegado Carlos Sánchez y los activistas Salvador Felipe Strazzeri, Sergio Raúl Gauna, Rubén Alejandro Andrada y Antonio Adrián Bazán, en una causa que se inició tras la denuncia penal de Falcigno, cuya abogada es Florencia Arietto, una experta en bloqueos sindicales: ella también asesoró a los dueños de Distribuidora Rey, de San Pedro, cuyo bloqueo terminó con la detención de dos dirigentes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás.

En el requerimiento de la fiscal Córdoba se detalla que el 25 de febrero de 2021, entre las 12 y las 17.20, unas 30 personas que se movilizaban en autos particulares y en colectivos, “presumiblemente varios de ellos empleados o agremiados a la UTA”, bloquearon los dos accesos de Expreso del Oeste para impedir la libre circulación de los vehículos y exigieron que se permitiera la entrada al delegado Carlos Sánchez. Ante la negativa de Falcigno, un grupo de los activistas entró a la oficina de manera violenta, empujó al empresario, lo tiró al piso y le ocasionó un traumatismo cervical y encefalocraneano secundario.

En el lugar también estaba un escribano contratado para acreditar el bloqueo, que fue intimidado por los manifestantes hasta el punto de que entraron a su auto para impedirle irse del lugar

Después de haber sido agredido, Falcigno, como puede verse en el video, fue amenazado para que borrara de su teléfono celular las imágenes que había registrado del bloqueo. “Borrá las fotos o te sacamos afuera y te matamos”, le dijo el grupo que entró por la fuerza a la empresa.

Los agresores se fueron luego de sacarse una foto grupal con una bandera de la UTA y el empresario no hizo la denuncia policial por temor a las represalias. Pero no imaginó que meses después iba a sufrir un nuevo bloqueo: el 27 de agosto pasado, entre las 13.50 y las 19, un grupo de activistas de la UTA -muchos de los cuales eran los mismos de la anterior protesta- se instalaron ante la puerta de Expreso del Oeste para impedir el acceso y la salida de los vehículos, aunque en este caso varios concretaron la protesta a bordo de sus autos particulares. Según la fiscal Córdoba, se movilizaron “para cometer delitos contra las personas, la libertad, la propiedad y la seguridad de los medios del transporte y el orden público”.

Además de las agresiones que sufrió, el dueño de la empresa afirmó que el primer bloqueo le ocasionó un fuerte perjuicio económico: tuvo que devolver el importe de los pasajes, equivalente a un millón de pesos aproximadamente, e incluso aportó a la Justicia la constatación correspondiente.

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