Las tratativas con el Fondo son determinantes. Pero cualquiera sea el desenlace, el panorama asoma difícil. No hay salida mágica. Y resultan entonces más incompresibles los niveles de las internas, las re-reelecciones bonaerenses y los muy prematuros movimientos para el 2023.

El Gobierno cerró el 2021 con una agenda dominada por cuestiones de impuestos. Reformó su propio proyecto de Bienes Personales para cuidar la caja e impuso un “consenso fiscal” que traslada a los gobernadores la decisión de aumentar la presión tributaria, antesala de posibles ajustes. La provincia de Buenos Aires sumó en el final de diciembre la imagen de la ofensiva por la re-reelección de intendentes. Da la impresión de que no es valorada la magnitud de la crisis económica y social, además de un agotamiento colectivo que incluye y trasciende al coronavirus. No se trata únicamente de lo que pasó en el año que acaba de irse, sino además de lo que perfila este 2022 que acaba de llegar.

Después de muchas postergaciones en el calendario, el Gobierno corrió para finales del verano el cierre de las negociaciones con el FMI. Es un punto determinante en materia económica y, antes y después, también gravitante en un tablero político que sigue exhibiendo tensiones en el oficialismo, problemas domésticos en la otra vereda política y una pésima relación del Gobierno con la oposición.

Además de correr hacia adelante las fechas de un acuerdo por la deuda -y de mantener el suspenso sobre el supuesto “plan plurianual” que prometió Alberto Fernández-, el oficialismo alimenta incertidumbre sobre el real estado de las negociaciones con el Fondo y de las tratativas para lograr “consensos internacionales”, según los dichos de Martín Guzmán. El ministro, además, se ha encargado de repetir que las tratativas son avaladas por Cristina Fernández de Kirchner, expresión directa de que es un ingrediente clave en la interna oficialista.

El otro dato político inquietante es la falta de líneas serias de conversaciones entre oficialistas y opositores. El Gobierno salió a lamentar el fracaso del Presupuesto como un mal mensaje al FMI. Fue una manera de facturar a la oposición por ese traspié, frente a la necesidad de un acuerdo político a tono con el requisito no estrictamente económico reclamado por el organismo internacional. No se hizo cargo del factor propio en la caída del proyecto -la explosiva o provocativa exposición de Máximo Kirchner en Diputados- y utilizó ese elemento para volver a tensar la cuerda con Juntos por el Cambio.

Olivos busca transitar por el sendero que habilita la relación con CFK. Deja trascender la necesidad de un consenso político que afirme la negociación con el FMI y a la vez, asume el juego del kirchnerismo duro, que pretende descargar exclusivamente en JxC la responsabilidad de un acuerdo y las consecuencias del ajuste. Por supuesto, ese genera prevenciones y oxigena las posiciones más intransigentes y el cálculo en la otra vereda.

Todo parece parte de una partida doble y menor -entre oficialismo y oposición, y en las internas- pero ante todo, expresa una alarmante negación o falta de evaluación realista sobre la profundidad de la crisis. El desenlace de las negociaciones con el FMI, cualquiera sea finalmente, tendrá consecuencias difíciles en términos sociales y económicos. No existe salida mágica.

En otras palabras, y aún en la mejor alternativa de un plan de facilidades extendidas, será un desafío enorme para el Gobierno y el sistema político en general. Pero al revés, las últimas postales del 2021 agrandan la imagen de desconexión con la realidad. Y los movimientos pensados para el 2023 asoman aún peor. Es como si no existiera registro de los efectos de la inflación, el dólar, el cansancio de otro año cruzado por la pandemia y el mal manejo de las restricciones, la exposición de privilegios de poder en ese contexto.

La magnitud del problema fue resumida de este modo en un reciente artículo por el ex diputado Jesús Rodríguez: “La caída económica y el deterioro de la situación social de los últimos tres años se equipara a la verificada en la crisis de los años treinta del siglo pasado y a la sufrida con el fin del régimen de Convertibilidad, hace ahora veinte años”. Por supuesto, la nota del titular de la AGN hace un señalamiento cuantitativo, en un contexto político y social diferente.

Y allí aparece una cuestión central: la pobreza. Los últimos registros, del INDEC y de estudios privados, indican que se mantiene por encima del 40% de la población y que escala muy por encima de los 50 puntos porcentuales en la franja de chicos y adolescentes. La evolución de esos índices en los últimos años supone una consolidación de la pobreza estructural en niveles del 30%.

La tragedia que significa ese registro expone un agravamiento de la deuda política más significativa. Recientes estudios muestran además que el creciente presupuesto en asistencia social no detiene el proceso de fondo, es decir, el crecimiento y consolidación de la pobreza más allá de los picos en etapas de crisis. Por supuesto, es vital en la contención, junto a las redes constituidas por movimientos sociales, organizaciones vecinales, iglesias.

Todo eso está a la vista. El politólogo Andrés Malamud suele presentar una combinación de realidades diferentes entre países de la región, según el estado de la economía y la política, sanas o rotas. Visto así, el caso argentino se ubicaría en economía rota y política más sana, con coaliciones que reciclan el bipartidismo y terceras fuerzas a veces desafiantes, en algunos distritos. El punto, en el año que se estrena, es claro: la tensión está puesta en la economía. El 2023 es más que lejano y hasta irritativo cuando la política pretende saltear el almanaque.