La Cámara Federal de Casación denegó este martes un recurso extraordinario presentado por la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y confirmó, de esa manera, la decisión de la Cámara Federal que había revocado su sobreseimiento en el caso conocido como “La ruta del dinero k”, donde ya recibieron condenas de prisión el empresario Lázaro Báez, sus hijos y el arrepentido Leonardo Fariña, entre otros.
La decisión estuvo en manos de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, conformada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky. Hace un mes ya había resuelto no hacer lugar a la queja elevada por la defensa de la ex presidenta contra la decisión del 28 de noviembre de 2023 de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que había revocado su sobreseimiento dispuesto por el juez Sebastián Casanello para seguir investigando.
Ante el rechazo de esa queja, la defensa de CFK presentó un recurso extraordinario con el fin de elevar el expediente hasta la Corte Suprema. Esa presentación fue la que ahora la Sala IV resolvió desestimar con una mayoría integrada por los camaristas Hornos y Carbajo. El magistrado Borinsky votó en soledad para admitir el planteo.
En rigor, los jueces de la mayoría coincidieron en que el “remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos (...)”. También consideraron que “para acceder a la competencia extraordinaria intentada” era requisito que “el recurrente demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados (...); aspectos no verificados en el sub examine”.
Con esta resolución quedó confirmada la revocación del sobreseimiento de la ex presidenta en la causa donde se la investigará por el delito de lavado de activos. El expediente salió a la luz como “La ruta del dinero k” y tuvo su inicio en abril de 2013. De hecho, gran parte de la investigación penal ya se debatió en juicio. Allí Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante maniobras millonarias de lavado de activos, que rondaron los 55 millones de dólares.
Además, en ese debate oral se acreditó que el dinero provenía de la facturación ilegal y de la obra pública. En Casación luego confirmaron las condenas, aunque bajaron la graduación de las penas impuestas. Y solo uno de los votos ratificó que el dinero venía de la obra pública.
El 24 de mayo del año pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que llevó adelante la investigación penal durante una década, solicitó el sobreseimiento de CFK tras considerar que no había elementos para avanzar con cargos en su contra, a pesar de la “estrecha y directa relación entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Ese pedido fue apoyado por los querellantes estatales integrados por la AFIP y la UIF, a cargo en ese entonces de la gestión del presidente Alberto Fernández.
La falta de impulso acusatorio llevó al juez Casanello a dictar el sobreseimiento de la ex jefa de Estado, pero la asociación civil Bases Republicanas, con vínculos en el macrismo, luego de lograr incorporarse a la causa bajo el rol de querellante - tras un rechazo inicial del juez de primera instancia -, apeló esa decisión y llegó así hasta la Cámara Federal, donde a fines de noviembre se ordenó la reapertura de la investigación sobre CFK por los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
En ese fallo, la Cámara Federal porteña planteó que se debía analizar el caso junto a las pruebas que exhibió el fiscal Diego Luciani en el juicio de “Vialidad”, estudiar el trámite de “Hotesur-Los Sauces” y, a su vez, sugirió incorporar las declaraciones de ex funcionarios arrepentidos en el expediente “Cuadernos”, así como las maniobras de lavado de dinero que salpican al financista Ernesto Clarens.
