Largas semanas de negociaciones frenéticas en la Cámara de Diputados culminaron este jueves con la firma del dictamen del proyecto Ley Bases, que quedó listo para ser debatido en el recinto entre lunes -a las 11- y martes de la semana que viene.

Si bien anoche los bloques dialoguistas alcanzaron un acuerdo sobre los últimos dos temas en disputa (reforma laboral e impuestos al tabaco), durante la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales el texto final siguió sufriendo modificaciones.

Los cambios más resonantes fueron la eliminación del Banco Nación de la lista de empresas que se pueden privatizar, el recorte del capítulo de defensa de la competencia y la eliminación de los artículos relacionados con la consolidación de los títulos públicos en manos del el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por su parte, la oposición adelantó que impulsará la reincorporación en el recinto del capítulo sobre impuestos al tabaco, que sube de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno (el Gobierno lo había quitado alegando “falta de consenso”).

En el caso del Banco Nación, y sus seis empresas subsidiarias como Nación Seguros y Nación Reaseguros, el Gobierno llegó ayer a la conclusión de que no alcanzaría los votos para aprobarlo en el recinto. Ante el temor de que empiecen a caer artículos rechazados, como ocurrió en febrero, optaron por posponer el tema.

Tanto el peronismo como la izquierda protestaron porque al inicio del plenario no conocían el texto final. “No sabemos qué estamos discutiendo, se incluyó a última hora una reforma laboral de la que no tenemos información”, se quejó Daniel Arroyo, de Unión por la Patria. Además, desde Unión por la Patria alertaron sobre la influencia de los lobbys para torcer las negociaciones. “Los libertarios no hablan porque no saben qué defender”, arremetió Martín Soria.

El texto del oficialismo contó con 61 firmas de los diputados de LLA y del PRO. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acompañaron con disidencias en diferentes puntos. En el caso de los radicales, principalmente en torno a la reforma laboral, ya que impulsaban varios artículos muy rechazados por el sindicalismo, como la eliminación de la cuota solidaria o la declaración de la educación como servicio esencial para limitar los paros. Las disidencias de Hacemos giraban en torno al capítulo del tabaco y a la consolidación de las deudas con las cajas previsionales no transferidas en el capítulo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Finalmente el capítulo sobre el FGS fue retirado por completo.

Fue para no enfrentarse con la CGT que el Gobierno decidió solo dejar las modificaciones con amplio consenso, como la extensión del período de prueba a 6 meses, la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la implementación del fondo de cese laboral.

Al referirse a los cambios a la legislación laboral, la radical Karina Banfi remarcó: “Desde el radicalismo hemos incorporado en el marco de este debate modernización laboral. Es clave. Cuando hablamos de la falta de crecimiento en la industria, los marcos normativos en materia de trabajo son claramente un obstáculo. Nuestra propuesta se basa en mirar el trabajo del futuro, dónde estamos parados hoy y hacia dónde estamos yendo. Y principalmente la disidencia que vamos a plantear tiene que ver con eliminar las cuotas solidarias sindicales. Eso coarta la libertad de asociación, y lo vamos a defender en el recinto”.

El listado de empresas que podrán ser privatizadas, uno de los temas que despertó mayores conflictos, fue drásticamente reducido. Solo Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión S.E., e Intercargo podrán ser vendidas por completo.

Por otro lado, serán privatizadas en forma parcial o concesión AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. En tanto, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), podrá organizar un programa de propiedad participada o incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

El capítulo del tabaco, que elimina el impuesto mínimo y aumenta de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno, no está en el dictámen de mayoría pero el oficialismo acordó incluirlo durante el debate en el recinto. El poder de lobby de Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, fue reiteradamente mencionado por la oposición para denunciar la reticencia del Gobierno y el PRO para volver a incluir el capítulo en el proyecto.

En cuanto a los fondos fiduciarios -tema que desencadenó la caída de la primera Ley Bases en febrero- aceptaron que si son eliminarlos se respetará el origen de los fondos. Es decir, si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a la masa coparticipable (no al Tesoro). En definitiva, serán recursos que recuperan las provincias.

Durante la semana, ante el pedido de la UCR y Hacemos, el oficialismo había aceptado ampliar por segunda vez la lista de organismos públicos que no podrá disolver ni intervenir. Se sumarán el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA (cine), el Incucai (trasplantes), el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom (comunicación), la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA (tecnología agropecuaria).

Los representantes de la Casa Rosada también decidieron eliminar por completo el artículo 143 (ex 71 y ex 70 en versiones anteriores del borrador) ante el rechazo de la oposición, que insistía en que la redacción era demasiado amplia. El polémico artículo “pro competencia” facultaba al Ejecutivo a derogar o cambiar cualquier normativa que distorsione los precios, genere escasez o cause sobre costos.

Por otro lado, la eliminación de la moratoria previsional, que permite jubilarse a las personas que no cuentan con los 30 años de aporte, será complementado con la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, que permita cobrar una cifra acorde a la cantidad de años de aporte. La fórmula será: Prestación Básica Universal (PBU) más 1,5 por año aportado, pero con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será el mínimo (si el cálculo no llega a la PUAM, igualmente cobrará ese mínimo).

Finalmente, respecto al régimen para fomentar grandes inversiones en sectores estratégicos (RIGI), la Casa Rosada no quiso bajar el mínimo de USD 200 millones para incluir a empresas de menor envergadura pero aceptó que quienes entren al régimen paguen dividendos: un 7% durante los primeros 7 años y 3,5% en adelante.

La sesión está prevista para el próximo lunes y probablemente se extenderá hasta la madrugada del miércoles 1 de mayo. Ese día se movilizará la CGT en el marco del Día del Trabajo.